miércoles, 6 de febrero de 2013

Resultado mociones IU Pleno del 6 de febrero.


Mociones llevadas al Pleno celebrado el 6 de febrero 2.013, por IU-LV Getafe con los siguientes acuerdos:


10. PROPOSICIÓN CONTRA LA LEY PL 5-12 RGEP8345 DE LOS PGCM PARA EL AÑO 2013. PROSPERA LA PROPOSICIÓN.

11. PROPOSICIÓN REFERENTE AL CASO ALFONSO FERNANDEZ. PROSPERA LA PROPOSICIÓN.

15. PROPOSICIÓN SOBRE TASAS JUDICIALES. PROSPERA LA PROPOSICIÓN.

16. PROPOSICIÓN QUE PRESENTA IU-LV Y PSOE PIDIENDO LA REPROBACIÓN A LA CONCEJALA CARMEN PLATA SOBRE LAS DECLARACIONES QUE REALIZÓ EN EL ÚLTIMO PLENO. NO PROSPERA LA PROPOSICIÓN.

18. PROPOSICIÓN CONTRA LA NO REVALORIZACIÓN DE LAS PENSIONES. PROSPERA LA PROPOSICIÓN.

19. PROPOSICIÓN SOBRE RECORTES-LOMCE. PROSPERA LA PROPOSICIÓN.

20. PROPOSICIÓN CONTRA LA REFORMA DEL ART. 318. PROSPERA LA PROPOSICIÓN.

22. PROPOSICIÓN SOBRE SITUACIÓN ACTUAL DE PERALES DEL RIO. PROSPERA LA PROPOSICIÓN.
 
El texto completo de las mociones es el siguiente:



PROPOSICIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE IU-LV AL AYUNTAMIENTO PLENO CONTRA LA  REFORMA DEL ART.  318 bis DEL CÓDIGO  PENAL QUE CASTIGA CON PENAS DE CÁRCEL A QUIENES AYUDEN  SOLIDARIAMENTE A LAS PERSONAS EXTRANJERAS EN SITUACIÓN  ADMINISTRATIVA IRREGULAR Y A QUIENES LES PRESTEN SERVICIOS REMUNERADOS.

“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados de razón y conciencia, tienen el deber de comportarse fraternalmente los unos con los otros” Estas palabras, recogidas en el art. 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se convierten en papel mojado con esta nueva reforma.

En esta ocasión no es el PSOE, sino el PP;  no es La reforma de la Ley de extranjería, (limitando la reagrupación familiar y prolongando el encierro en los CIE), sino la del Código Penal; y no es aquella barbaridad, sino la injusticia elevada a su enésima potencia.

Agravada la situación por la crisis por un lado, y por el mal gobierno y sus peores soluciones por otro, La reforma del Código Penal puesta en marcha por Gallardón deja en manos del Ministerio Fiscal la posibilidad de perseguir a aquellas personas que colaboran con los inmigrantes en situación administrativa irregular prestándoles asistencia humanitaria y que puedan ser multadas y castigadas con hasta dos años de cárcel.

Estas conductas se describen en el art. 318 bis del Anteproyecto de reforma Código Penal:

1. El que intencionadamente ayude a una persona que no sea nacional de un Estado miembro de la Unión Europea a entrar en el territorio de otro Estado miembro o a transitar a través del mismo, vulnerando la legislación de dicho Estado sobre entrada o tránsito de extranjeros, será castigado con una pena de multa de tres a doce meses o prisión de seis meses a dos años.  “El Ministerio Fiscal podrá abstenerse de acusar por este delito cuando el objetivo perseguido sea únicamente prestar ayuda humanitaria a la persona de que se trate”. Si los hechos se cometen con ánimo de lucro se impondrá en su mitad superior.

2. El que intencionadamente ayude, con ánimo de lucro, a una persona que no sea nacional de un estado Miembro de la Unión europea a permanecer en el territorio de Estado miembro de la Unión Europea, vulnerando lo legislación de dicho Estado sobre estancia de extranjeros será castigado con una pena de multa de tres a doce meses o prisión de seis meses a dos años. 

Las consecuencias de este anteproyecto serán que las personas o instituciones que  apoyen, ayuden o acojan en sus domicilios de forma altruista o las que les alquilen o dispensen un menú del día a las personas extranjeras en situación irregular serán consideradas criminales: detenidas, juzgadas y, en su caso, condenadas, y las personas extranjeras en situación irregular quedarán en la calle en situación indeseable de extremada precariedad, sin que nadie pueda apoyarles.

En definitiva, esta reforma iguala las actuales conductas recogidas en dicho artículo ilícitas e inmorales como la trata de seres humanos y los abusos sobre las personas migrantes “empleando violencia, intimidación, engaño, o abusando de una situación de superioridad o de especial vulnerabilidad de la víctima, o poniendo en peligro la vida, la salud o la integridad de las personas” con prácticas humanitarias de solidaridad, hospitalidad y asistencia hacia aquellas personas que transitan "sin papeles" por España".

Desde este grupo municipal considera que la vía penal no es ni mucho menos la solución a estos problemas y entendemos que lo que realmente se pretende, una vez más, es criminalizar las cuestiones sociales. Con el pretexto de proteger a las personas extranjeras sin papeles frente al abuso y las mafias, se incrementa exponencialmente su vulnerabilidad y se les priva de toda suerte de apoyo social solidario.

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal de IU-LV del Ayuntamiento de Getafe, propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción del siguiente

 ACUERDO

PRIMERO: Instar al Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón a que rectifique y especifique la redacción del artículo 318 bis del Anteproyecto de reforma del Código Penal con el fin de diferenciar claramente los comportamientos ilícitos de acciones humanitarias, y evitar la criminalización tanto de conductas altruistas como aquellas que se realicen con ánimo de lucro cuando procuren que las personas que llegan o se encuentren en España puedan tener los mínimos para subsistir.

 

PROPOSICIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA- LOS VERDES CONTRA LA NO REVALORIZACIÓN DE LAS PENSIONES

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El último 30 de noviembre el Consejo de ministros el gobierno aprobó por Real Decreto Ley que no iba a revalorizar las pensiones de acuerdo al Índice de Precios al Consumo.

El coste de la revalorización de las pensiones sería de unos 3.800 millones de euros.

Del importe total, la mitad (1.900 millones) habría sido para compensar la perdida del poder adquisitivo de este año y la otra mitad para consolidar el alza de la pensión en 2013.

Este Real Decreto-Ley deja sin efecto el derecho de actualización de las pensiones correspondiente al ejercicio 2012 y, por tanto, nos encontramos ante una privación de derechos contraria a la Constitución por infringir los principios de irretroactividad de las disposiciones restrictivas de derechos    individuales, de seguridad jurídica  y de interdicción de la  arbitrariedad de los poderes  públicos (art. 9.3 de la Constitución Española). 

De acuerdo con lo establecido por la Ley General de Seguridad Social, las pensiones contributivas deben ser actualizadas conforme el Índice de precios al consumo acumulado entre noviembre de 2011 y noviembre de 2012, si éste ha resultado superior al tomado para la revalorización practicada a principios de año.

La actualización de las pensiones fue una de las claves más importantes si no la principal del programa electoral con el que concurrió el Partido Popular a las elecciones del 20 de noviembre del pasado año. Y ha sido también transgredida en la segunda ocasión que se le ha presentado al Gobierno de adoptar una decisión sobre el principal capítulo de gasto del presupuesto. El año pasado, nada más llegar al poder, el Ejecutivo conservador decretó una subida del 1% de las pensiones para 2012.

El incumplimiento de esta promesa electoral se une así a otras tantas en materia fiscal como la subida generalizada de impuestos directos (IRPF, rentas de capital, IBI, etc), el aumento del IVA, el abaratamiento de los despidos mediante la reforma laboral, el copago sanitario, el incremento de tasas universitarias o la amnistía fiscal. De hecho, tanto el presidente Rajoy como otros miembros de su gabinete han pronunciado públicamente en numerosas ocasiones a lo largo de todo 2012 apostando por la compensación a los pensionistas. Y se han agarrado a la revalorización de las pensiones como la única línea roja que no estaban dispuestos a cruzar para la austeridad. Además, el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, ante la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo del Congreso del 8 de noviembre aseguró que actualizaría las pensiones de acuerdo a la inflación de noviembre.

La decisión de aumentar en un 1% y en un 2% para las pensiones inferiores a 1.000 euros es insuficiente para compensar el aumento de inflación. A la no actualización real de las pensiones se deben sumar los recortes en temas sociales, las tasas, el copago,... Esta medida no va a aportar la salida a la crisis, así que no tiene ningún sentido y sólo servirá para disminuir cada vez más el poder adquisitivo de los pensionistas.

Por todo ello, el Grupo Municipal de Izquierda Unida – Los Verdes propone al Ayuntamiento en Pleno la adopción de los siguientes acuerdos:

1. Rechazar la decisión del ejecutivo de no revalorizar las pensiones.

2. Instar al Gobierno a que revaloricen las pensiones para compensar la inflación.

3. Instar a la Defensora del Pueblo a presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la decisión del Gobierno de no aplicar, con efectos retroactivos, la obligación legal de revalorizar las pensiones.

4. Dar traslado de estos acuerdos al Presidente del Gobierno, el Ministro de Hacienda, a la defensora del pueblo, a la ministra de Trabajo y Seguridad Social y a los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados.

 

PROPOSICIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA- LOS VERDES REFERENTE AL DETERIORO DEL BARRIO DE PERALES DEL RIO.
 

Exposición de motivos

Perales del Río es un barrio de más de 7000 habitantes, cuenta con 2 Colegios Públicos, 1 IES, 1 Colegio Concertado y un Centro de Salud como infraestructuras, además de una Oficina de Correos, 2 Centros Cívicos y una Dependencia de Policía Local. Retirado de la población de Getafe centro a 8 km, y estando e incluso formando parte del Parque Regional del Sureste.

Teniendo en cuenta estos datos, pudiera parecer que son tremendamente afortunados los vecinos y vecinas de Perales.

Lamentablemente, Perales del Río, es uno de los barrios de Getafe más deteriorados ambientalmente. En sus alrededores, por ejemplo tiene la depuradora de Butarque, que entre otras cosas, gestiona el secado de lodos, repercutiendo sus olores, sobre todo en verano, en los vecinos/as de Perales. También, hay que denunciar las continuas obras por parte de ADIF, que no hacen más que seguir degradando el terreno y dividir más si cabe, las diferentes urbanizaciones dentro del mismo barrio.

En los últimos años, se han realizado acondicionamientos y obras en Perales (colector, asfaltado de la urbanización El Carmen 2, las calles Chico Méndez, Avenida de Groenlandia, adaptación de rotondas, así como la construcción de un nuevo Centro Civico), pero si hay una urbanización con más de 600H en el que no se ha hecho nada, es la Urbanización denominada El Caserío de Perales.

Por todo ello, el Grupo Municipal de Izquierda Unida – Los Verdes propone al Ayuntamiento en Pleno la adopción de los siguientes acuerdos:

1.      Exigir al Gobierno Municipal, el asfaltado de todas las calles de la Urbanización El Caserío de Perales.

 

2.      Exigir al Gobierno Municipal la limpieza de todo el alcantarillado de la Urbanización El Caserío de Perales.

 

3.      Instar al Gobierno Municipal que exija a ADIF, que cumpla con el Proyecto Inicial de acondicionar los terrenos para unir el Caserío de Perales con el resto de la población de Perales del Río.

 

4.      Exigir al Gobierno Municipal el acondicionamiento y mejora de las instalaciones del Campo de Futbol, ya que tanto las verjas como los vestuarios y las instalaciones exteriores no reúnen las condiciones óptimas.

 

5.      Instar al Gobierno Municipal que la Policía local controle a los camiones a su paso por Perales del Río que entrañan un grave peligro cuando estos lo tienen prohibido y hacen caso omiso a estas indicaciones.

 

6.      Dar traslado de estos acuerdos a la Asociación de Vecinos de Perales del Río, Asociación de Vecinos Nuevo Perales y Asociación de Vecinos Caserío de Perales.

 

 

PROPOSICIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA – LOS VERDES AL AYUNTAMIENTO PLENO contra los recortes en educación y el Anteproyecto de Ley orgánica para la mejora de la calidad educativa (LOMCE).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 

Tanto los Presupuestos Generales del Estado para el 2013 como los de la Comunidad de Madrid profundizan en la tendencia negativa  iniciada en el año 2010 al contemplarse un recorte del gasto educativo sin precedentes. En el caso de nuestra Comunidad este recorte en los Presupuestos de 2013 supone un recorte inicial del 9,2%  respecto al gasto educativo efectuado en 2012.

 

Los datos del Ministerio de Educación evidencian que el gasto educativo de la Comunidad de Madrid es el más bajo de todo el Estado, colocando a nuestra región en un 1,73% (2,69% en 2009), a mucha diferencia de la media española situada en el 3,57%. 

 

Desde la llegada del Gobierno del PP al gobierno de la nación, se han recortado 5.212 millones de euros en Educación: 487 millones en diciembre por el acuerdo de no disponibilidad, 663 millones menos en los presupuestos de 2012, 3.736 millones por el Real Decreto Ley 14/2012 de medidas de racionalización del gasto público en el ámbito educativo y 326 millones de menos en los presupuestos 2013.

 

En la Comunidad de Madrid, los presupuestos aprobados por el PP supondrán, entre otras medidas, 745 profesores menos, que se suman a los 4.300 que ya se han despedido en los dos últimos años. En la Educación Secundaria  habrá 555 profesores menos, mientras hay 1.800 alumnos más que el curso pasado, 190  profesores menos en Primaria y 40 profesores menos dedicados a los planes de educación compensatoria y educación de adultos. Desaparecen las 310.000 becas de libros de texto y las 110.000 de comedor escolar que ya fueron eliminadas en la Ley de Modificación de Presupuestos de 2012. Sólo habrá ayudas de comedor para 50.000 niños/as, y cuando más aumentan las necesidades sociales de las familias, un 25% menos de niños que en 2012 podrán utilizar gratuitamente los servicios de comedor escolar.

 

Las inversiones en las universidades públicas se reducen en un 50% (un 85% en los cinco últimos años) a lo que deben sumarse  los 170 millones derivados de la modificación presupuestaria del mes de junio y la subida de tasas decretada por la Consejería que supone un aumento de entre 300 y 360 € más de media por alumno y curso.

 

Esta falta de esfuerzo público se relaciona con otra característica del Gobierno regional que no es otra que el fuerte incremento del dinero para para la enseñanza privada concertada que no ha cesado de aumentar su peso en el presupuesto desde que Esperanza Aguirre llegó a la Presidencia de la Comunidad y que ahora continúa Ignacio González. No sólo se mantienen todas las becas de escolarización y el presupuesto para conciertos, si no que se mantienen las desgravaciones fiscales para gastos escolares a las familias que voluntariamente llevan a sus hijos a la enseñanza privada con ingresos de hasta 30.000 € por cada miembro de la unidad familiar.

 

Si a finales de 2012 la inversión pública educativa en España habrá descendido en casi 8.000 millones de euros, el gasto público educativo en 2015 se situará en torno al 3,9%, lo que supondrá volver a los años 80 y nos situará a la cola de la OCDE y la Unión Europea. Lo cual revela la pérdida de importancia de la educación en el conjunto de las políticas públicas, especialmente desde que gobierna el Partido Popular.

 

Estos recortes se quieren justificar ideológicamente mediante el Anteproyecto de Ley orgánica para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), presentada recientemente por el Ministro Wert para su aprobación parlamentaria. Este Anteproyecto de Ley orgánica es una reforma regresiva, clasista, excluyente y segregadora, que atenta contra el derecho a una educación de calidad en condiciones de  igualdad y supone una vuelta al sistema de enseñanza franquista.

Un Anteproyecto de Ley que a falta de un diagnóstico previo riguroso, solo se apoya en prejuicios o ideas preconcebidas sin base en investigación alguna que la respalde, sin contar con la comunidad educativa. Una reforma educativa que se plantea en plena crisis económica, sin financiación y tras los brutales recortes señalados y que, no obstante se proclama cínicamente en su propio texto como primer objetivo “la mejora de la calidad educativa”.

Izquierda Unida rechaza de plano esta contrarreforma cuyo principal objetivo es separar y segregar al alumnado cuanto antes, con medidas que no conducen a reducir el abandono y el fracaso escolar, sino a eliminar la igualdad de oportunidades real, suprimiendo la formación común durante toda la etapa obligatoria. El PP quiere convertir la educación en una carrera de obstáculos mediante la continua superación de pruebas al final de cada etapa (Primaria, ESO y Bachillerato).

Esta contrarreforma educativa también pretende que los centros educativos se supediten a las exigencias del mercado, introduciendo criterios de "competitividad", mediante pruebas externas a nivel nacional que clasifiquen a los centros según sus resultados. En semejante mercado educativo las escuelas se hacen más selectivas, rechazando -si pueden- al alumnado que presente mayores dificultades y que pueda rebajar su posición en el ranking. 

Para Izquierda Unida resulta meridiano que con este proyecto de Ley, junto a los brutales recortes educativos que ha impuesto el PP, se pretende profundizar en el proceso de privatización y desmantelamiento de la Educación pública, tratando ahora de justificar y consolidar ese objetivo con el pretexto de esta crisis-estafa que venimos soportando

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal de IU-LV del Ayuntamiento de Getafe, propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción de los siguientes

ACUERDOS:

1.    Rechazar  la anunciada Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Educación (LOMCE).

 

2.    Rechazar los brutales recortes que están imponiendo tanto el Ministerio de Educación, como la Comunidad de Madrid y que afectan de forma negativa en la calidad de la enseñanza en nuestra localidad y perjudican la promoción y formación del alumnado de Getafe.

3.    Instar al Gobierno Central a debatir y alcanzar realmente un diagnóstico compartido sobre la situación real de nuestro sistema público educativo, con la comunidad educativa y los agentes sociales, con el fin de plantear medidas efectivas para extender y mejorar la educación pública, avanzando hacia un modelo educativo que contribuya al éxito escolar de todo el alumnado y a la formación de personas más iguales, más libres, más críticas y más creativas.

 

4.    Solicitar al Gobierno Central el cese del Ministro Wert que está desmantelando el sistema educativo público, del cual debería ser garante y firme defensor.

 

5.    Dar traslado de esta propuesta a los Consejos Escolares de los CEIP y de los IES de Getafe, al Consejo de Educación de la Comunidad de Madrid; a los Portavoces de los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados; a la Presidencia del Gobierno de la Nación.

 

PROPOSICIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA- LOS VERDES CONTRA LAS TASAS JUDICIALES.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Recientemente se ha aprobado en el Congreso de los Diputados, con el único apoyo del Partido Popular, una ley que plantea nuevas tasas judiciales y que ha tenido el rechazo unánime de la oposición y de todos los sectores profesionales: abogados, fiscales, procuradores y jueces, así como de diversas asociaciones, entre otras la de consumidores y usuarios.

La constitución Española en su art. 24 garantiza la tutela efectiva sin que en ningún caso pueda producirse indefensión. Pues bien, con la nueva ley de tasas se imponen tasas para acceder a la jurisdicción civil, contencioso-administrativa y social, salvo algunas excepciones, lo que supone un ataque a la ciudadanía, ya que una parte de la misma no podrá entablar acciones legales en defensa de sus intereses por carecer de recursos suficientes.

Las nuevas tasas lejos de ser disuasorias, para evitar litigar por litigar, vienen a limitar por la vía económica el acceso a la Justicia, lo que significa que lo que hasta ahora era un derecho público al alcance de todos pase a ser ahora inaccesible para muchas personas.

Si litigar no resultaba fácil, puesto que existen gastos previos de procuradores, abogados, peritos u otros profesionales que han de intervenir en los procesos judiciales aunque en ocasiones se recupere por la condena en costas de forma que paga quien pierde el litigio, las tasas judiciales suponen un impedimento a la propia tutela judicial. De esta forma, sólo a las personas con rentas altas les va a estar permitido el acceso a lo que es un derecho público como el acceso a la Justicia.

Por todo ello, el Grupo Municipal de Izquierda Unida – Los Verdes propone

al Ayuntamiento en Pleno la adopción de los siguientes acuerdos:

1. Instar al Gobierno de la Nación y en particular al Ministro de Justicia a que adopte urgentemente las medidas necesarias para excluir a los ciudadanos del pago de las tasas judiciales y garantice que nadie vea limitado su derecho de acceso a la Justicia por no poder hacer frente al pago de las mismas.

2.- Trasladar el presente acuerdo al Ministerio de Justicia, a las Asociaciones más representativas de Jueces y Fiscales, a los colegios oficiales de abogados y procuradores, y a las organizaciones de Consumidores y Usuarios.

PROPOSICIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA- LOS VERDES CONTRA LA LEY PL 5/12 RGEP8345, DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA EL AÑO 2013
 
Exposición de motivos
La ciudad de Getafe, es una de las ciudades de la Comunidad de Madrid con más de 170000 Habitantes que hace que a través de sus industrias, autónomos, comerciantes, empleados públicos y funcionarios sea un motor activo para la economía de la región en el recuento del Producto Interior Bruto de nuestra Comunidad, pero que desgraciadamente no contabiliza para los inversores y trasferencias que tiene que hacer el Gobierno del Señor González para Getafe.
El pasado 20 de diciembre, se aprobó, en la Asamblea de Madrid, los Presupuestos Regionales para el 2013.
Unos presupuestos, que en vez de querer reactivar la economía regional, hace que se reduzca todas las inversiones con las haciendas locales y que no cumplen con los Ayuntamientos a través de convenios y transferencias, para que solo con los presupuestos propios se pueda invertir en la mejora de nuestras poblaciones.
Un claro ejemplo en nuestra ciudad, es el recorte en formación y empleo, que hace nuestra Agencia Local de Empleo y Formación no tenga ningún tipo de inversión (en plena crisis económica) por parte de los presupuestos regionales.
Tampoco podemos olvidar que el Plan PRISMA, motor fundamental para invertir en nuestras ciudades, también desaparece de los presupuestos, con lo que conlleva la falta de inversiones para nuestras ciudades y mejorar no solo la vida de nuestros ciudadanos, sino también la posibilidad de las empresas de generar empleo.
Son unos presupuestos injustos, privatizadores y dañinos para la población madrileña.
Por todo ello, el Grupo Municipal de Izquierda Unida – Los Verdes propone al Ayuntamiento en Pleno la adopción de los siguientes acuerdos:
1.       Mostrar por parte del Ayuntamiento de Getafe nuestro más absoluto rechazo a los Presupuestos aprobados el día 20 de diciembre de 2013 en la Asamblea de Madrid. 
2.       Dar traslado de este acuerdo a los Grupos Parlamentarios de la Asamblea de Madrid. 
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