Documento elaborado por Grupo Parlamentario IU; ICV-EUiA; CHA:
La Izquierda Plural (www.laizquierdaplural.es)
En defensa de una Democracia
avanzada y de un Parlamento al servicio de la ciudadanía
Esta
propuesta, elaborada por el Grupo
Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA. La Izquierda Plural, nace de la seria preocupación por el
proceso de degradación democrática cada vez más acelerado
al que asistimos. La calidad de nuestra democracia ya era claramente
mejorable, entre otras cosas, debido a la falta de mecanismos de control y rendición de cuentas,
la carencia de la transparencia necesaria y las pocas oportunidades de
participación real de la ciudadanía. Por si
esto fuera poco, la crisis económica ha evidenciado
sus debilidades y el poder económico las ha
explotado, restándole soberanía en beneficio de los mercados, que imponen sus medidas por encima de
la voluntad popular.
Está siendo el
Gobierno del PP quien, de manera especial, está
aprovechando la coyuntura política y económica y su
mayoría absoluta para erosionar la democracia y poner obstáculos al
debate, el control y la participación de
instituciones, medios de comunicación y
sociedad civil. El Gobierno, el Grupo Parlamentario Popular y su mayoría en la
Mesa del Congreso toman de forma reiterada una serie de decisiones con el único objetivo
de mutilar debates y silenciar las voces críticas.
Cada vez resulta más evidente
el desprecio que el PP tiene hacia el Parlamento. Éste alcanza
una de sus máximas expresiones con la negativa de Mariano Rajoy a acudir al
Congreso para dar explicaciones sobre la realidad de la crisis en España. A ello
se une la tramitación de más de 26 decretos-ley, la negativa a celebrar un Pleno monográfico sobre
Empleo e, incluso, la decisión de no
celebrar este año el debate sobre el estado de la Nación o el
rechazo a permitir simplemente el debate para la creación de una
comisión de investigación en el
"caso Bankia". Estas decisiones están vaciando
peligrosamente de contenido a unas Cortes Generales que, en estos momentos de
crisis, deberían ser más que nunca el centro de la vida política del
Estado.
En primer lugar, el PP pretende imponer sus medidas sin debate y
ninguneando al Parlamento mediante el uso recurrente del Real Decreto-Ley como
principal mecanismo de aprobación de sus
reformas. Se abusa del mismo para recortar salarios, debilitar la negociación
colectiva, facilitar el despido, limitar el derecho a la Salud y a la Educación,
modificar la regulación del sector eléctrico,
eliminar competencias de las CC.AA o reformar el sistema financiero mediante
ayudas a los bancos.
Muchas de estas medidas entrarán en vigor
a años vista, lo que cuestiona claramente la "urgente
necesidad" a la que se alude constantemente. Pero es que, además, buena
parte de estas reformas atentan contra derechos fundamentales, por lo que su
tramitación no debería ser, en ningún caso,
mediante un procedimiento que impide la participación de los
grupos parlamentarios en la modificación y mejora
de los textos. Por si fuera poco, el Gobierno prescinde de la réplica a las
intervenciones de la oposición, a
excepción de las del
Grupo Socialista, en un acto de menosprecio al resto de grupos parlamentarios y
a la ciudadanía que representan.
En segundo lugar, el PP ha decidido obstaculizar de forma sistemática las
iniciativas de la oposición. La
implantación de unos cupos de presentación de
iniciativas en Pleno y comisión deja
reducida al mínimo la
posibilidad de presentación de
propuestas por los grupos parlamentarios más pequeños. De esta
forma, salvo los grupos Popular y Socialista, el resto sólo pueden
presentar dos proposiciones de ley y otras dos proposiciones no de Ley en cada
periodo de sesiones. Es decir, cada seis meses sólo es
posible llevar a Pleno cuatro iniciativas.
Al mismo tiempo, esta restricción se
extiende al trabajo en las comisiones parlamentarias. A cada grupo sólo le es
posible presentar una proposición no de ley
por sesión, que suele ser como mucho de carácter
mensual.
En resumen, los Plenos semanales del Congreso se reducen en la mayoría de su
tiempo a debates determinados por PP y PSOE, que pueden presentar una propuesta
por Pleno cada uno. En lo referente a preguntas al presidente del Gobierno o a
los miembros del Ejecutivo, mientras PP y PSOE pueden formular 10 preguntas en
cada sesión de control, el resto de grupos sólo pueden
formular 1 semanalmente y, de ellas, tan sólo 1
pregunta de cada tres Plenos puede ser dirigida al jefe del Ejecutivo.
En la misma línea, diversos temas han quedado excluidos del debate por las cuestionables
decisiones de la Mesa, siguiendo la dinámica de
anteriores legislaturas. Así, quedan
bloqueadas sistemáticamente las iniciativas parlamentarias que pretendan dotar de mayor
transparencia las actuaciones de la Casa Real o que busquen un mayor control de
cualquiera las actividades de la Iglesia Católica, una
institución privada pero fuertemente dotada de fondos públicos. Es
legítimo que no compartan el contenido de estas iniciativas, pero es
inaceptable que impidan su tramitación.
De igual
forma, tanto desde nuestro grupo como desde otros se ha solicitado la
comparecencia del presidente del Gobierno en diversas ocasiones, solicitudes
que han sido bloqueadas sistemáticamente
por la mayoría absoluta del Partido Popular, dado que la tramitación de estas
comparecencias se deciden en la Junta de Portavoces donde el PP impone su mayoría absoluta.
Como colofón, es especialmente grave y significativo denunciar que en estos momentos
el Gobierno esté negociando un rescate para España sin la
menor información o participación del
Parlamento. Esto evidencia que los debates parlamentarios son para Rajoy y el
PP más un estorbo que una responsabilidad democrática.
Esta realidad se sustenta en la estrategia de entrega de la soberanía nacional
a los intereses económicos que representan las instituciones financieras internacionales.
Para ello se requieren gobiernos sumisos y parlamentos adormecidos en los que
se oculten que existen alternativas reales a las imposiciones de las instancias
económicas de la Unión Europea.
El Parlamento queda reducido a un mero "convidado de piedra" de la
vida social y política del país.
En el mismo sentido, las limitaciones y dificultades que se ponen a
las Iniciativas Legislativas Populares (ILP) las convierten en instrumentos prácticamente
inservibles. La única ILP que se ha tramitado esta legislatura ni siquiera fue admitida
a trámite, menospreciando el derecho de las más de
500.000 personas que firmaron para que fuera discutida en sede parlamentaria.
La pasada legislatura ya vivimos escenas esperpénticas con
el intento de bloqueo de la ILP por la dación en pago.
Tampoco hay fecha para discutir la que presentaron CC.OO y UGT sobre la reforma
laboral elaborada por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero,
cuando ya está en vigor la más reciente
de Ra-joy. Respecto a las ILP es necesario facilitar la posibilidad de su
presentación, así como agilizar su tramitación, junto a
la búsqueda de mecanismos reforzados para conseguir una relación directa
del diputado con la ciudadanía.
El PP demuestra, pues, una apuesta clara por un Congreso restrictivo,
excluyente, que acentúa un bipartidismo que no se corresponde con el pluralismo político que
demuestra la sociedad española. Ello
acentúa el peligro de que se agrave la separación entre la
institución parlamentaria y la realidad social y que, en definitiva, se agrande
el divorcio entre los representantes y quien tienen la soberanía nacional,
que no pueden ser otros que la ciudadanía.
Pero no sólo las Cortes Generales, también los
parlamentos autonómicos y los ayuntamientos están siendo víctimas de
la erosión democrática. Tras alcanzar el mayor poder autonómico y
municipal que ha tenido formación política alguna
en la reciente historia democrática, el PP
pretende reducir el número de concejales de nuestros municipios así como los
diputados autonómicos, por el momento, de la Comunidad de Madrid y la de Castilla-La
Mancha. Nos enfrentamos a una involución para
limitar el pluralismo político y para
provocar que más ciudadanos acaben sin representación en los
plenos en una actuación que beneficiará
exclusivamente a los dos partidos mayoritarios.
Además, las reformas recentralizadoras afectan a la autonomía política de
ayuntamientos y comunidades autónomas y
alejan la toma de decisiones de la ciudadanía. En
definitiva, una democracia más pobre.
Tampoco están a salvo los medios de comunicación. Respecto
a la televisión pública estatal, el Gobierno modificó, también mediante
real decreto, el régimen de administración de la
corporación de RTVE. Esta reforma responde al objetivo del PP de controlar políticamente
dicho medio y existen recientes precedentes por parte de la derecha de que este
control acaba en manipulación.
Igualmente
preocupante es la persecución que se
realiza contra toda voz crítica que se
atreva a alzarse desde la sociedad civil. Es el caso evidente de los
sindicatos, criminalizados y
Por todo
ello, el Grupo de IU, ICV-EUiA,CHA. La Izquierda Plural reclama la necesidad de
un cambio sustancial en la forma de entender la Democracia como el instrumento
para hacer a la ciudadanía
protagonista en las decisiones que afectan a su vida cuotidiana: la salida de
la crisis, el combate del paro, los desahucios, la exclusión social .
Más democracia significa, entre otras cosas, más implicación de la
ciudadanía en la vida parlamentaria y más activación del
funcionamiento del Congreso y del Senado para que realmente sean el centro de
la vida política y social del Estado, y no meras cámaras de
resonancia de los acuerdos de Gobierno o, lo que es peor, de las decisiones de
instancias no representativas de la Unión Europea.
Esta misma demanda se expresa también y con
gran fuerza en la calle, como refleja el denominado movimiento 15M al denunciar
el distanciamiento entre la institución
parlamentaria y la sociedad. Desde nuestro Grupo reclamamos una mayor centralidad
del Parlamento en la vida social y política del país. En el PP
nos hemos encontrado el mayor de los rechazos, pero debemos advertir que el
PSOE tampoco parece muy interesado en renunciar a las ventajas que le ha dado
una etapa bipartidista en el funcionamiento de las Cortes.
En coherencia con nuestro análisis,
desde el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA. La Izquierda Plural tenemos
la intención de abordar en este periodo de sesiones una serie de propuestas para
conseguir una democracia avanzada que ponga el Parlamento al
servicio de la ciudadanía con una
fuerte actividad de denuncia y de propuestas en la línea de
conseguir un cambio en el funcionamiento del Congreso. El objetivo es abrir vías de
participación de la ciudadanía, de una
mayor implicación de la sociedad civil organizada en la vida parlamentaria de forma
que tengamos un Parlamento más activo, más implicado
en la solución de los problemas reales de la gente y, sobre todo, con una mayor
relación entre representantes y representados.
Trabajamos por romper esta situación y por
conseguir un Parlamento más vivo, más dinámico, más abierto,
donde exista una mayor participación de todos
los Grupos Parlamentarios y se permita una mayor implicación del
Congreso en los problemas de la ciudadanía. Un
Parlamento que refleje mejor la pluralidad que representa y demanda la
sociedad.
Por ello, en el marco de la defensa de una Democracia avanzada y participativa
presentamos una serie de propuestas para reforzar el papel del Parlamento en la
vida social y política del Estado. Las planteamos conscientes de que son propuestas
limitadas que deberían ser desarrolladas y ampliadas, pero lo hacemos como una contribución en el
marco del debate social más amplio
que hoy se desarrolla en todo el Estado. Nuestra intención es
discutir estas propuestas con agentes sociales y colectivos ciudadanos para
sumar aportaciones y consensos para construir una democracia más útil para
resolver los problemas que más preocupan
a la sociedad.
Entre estas
propuestas están:
1
Ampliar las competencias de la Comisión de Peticiones para
que deje de ser un mero "buzón" de reclamaciones. Ésta debe tener la
capacidad para permitir que los colectivos e instituciones puedan explicar
directamente en su seno las peticiones presentadas, así como poder emitir
informes sobre las mismas.
2
Desarrollo de iniciativas que permitan una mayor relación de
la ciudadanía con sus representantes.
3
Apertura del Congreso a la participación de la sociedad
civil, facilitando su presencia en las Comisiones y en la elaboración de
iniciativas parlamentarias.
4
Regulación del Debate sobre el estado de la Nación para
evitar que su formulación dependa de la voluntad del Gobierno y dejando clara
la obligación de que se celebre de forma anual.
5
Regulación más amplia de la comparecencia del presidente del
Gobierno ante el Congreso, siendo ésta obligada cuando lo soliciten dos grupos
parlamentarios.
6
Ampliación del papel individualizado del diputado en las
comparecencias que realiza el Gobierno en las comisiones parlamentarias.
7
Modificación de las condiciones necesarias para aceptar una
Iniciativa Legislativa Popular. Debe reducirse el número de firmas necesarias y
permitir su presentación ante el Pleno del Congreso por parte de los impulsores
de la iniciativa.
8
Impulsar el debate público sobre el intento de disminuir la
democracia municipal.
9
Modificaciones del funcionamiento del Congreso para hacer
más efectiva la centralidad del Parlamento y limitar el carácter bipartidista
del actual Reglamento. Para ello, debe ampliarse el número de preguntas que
formulan los grupo parlamentarios, aumentando a dos por Pleno el actual cupo
para los grupos que disponen de más de diez diputados/as y ampliando las que se
realizan al presidente del Gobierno, que pasarían de las tres actuales por cada
sesión de control al menos hasta cinco. También debe aumentarse el número de
proposiciones no de ley a discutir en cada Pleno para permitir una distribución
más amplia y plural de los cupos que tiene asignado cada grupo parlamentario y
evitar que PP y PSOE se repartan casi en exclusividad la mayoría de las sesiones
plenarias. Así, consideramos que los grupos más pequeños puedan presentar una
proposición no de ley al menos cada dos Plenos. De igual forma, también debe
subirse el número de este tipo de proposiciones en cada comisión parlamentaria,
para permitir que todos los grupos puedan trasladar sus propuestas al debate.
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